1- ¿Cuál es el concepto correcto para la prestación de desempleo?
b) Es la situación de quienes pudiendo y queriendo trabajar, pierden su empleo o ven reducida temporalmente su jornada ordinaria de trabajo, al menos en una tercera parte, siempre que el salario sea objeto de análoga reducción.
2- ¿Quiénes son los beneficiarios de la prestación de desempleo?
b) Todos los trabajadores por cuenta ajena, tanto los retribuidos a salario, como los retribuidos "a la parte", que tengan previsto cotizar por la contingencia de Desempleo.
3- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto al nacimiento del derecho en el nivel contributivo?
b) Cualquier situación de desempleo sin necesidad de periodos previos a la finalización de la relación laboral.
4- ¿Cuándo no se extingue el derecho?
Sanción por una infracción no justificada ni demostrada por una persona privada.
miércoles, 13 de mayo de 2015
martes, 5 de mayo de 2015
jueves, 30 de abril de 2015
Sentencia tema 11 - Desempleo
El interesado más de 38 años cotizados y tras agotar la
prestación contributiva solicitó un subsidio para mayores de 52 años de 17,75
euros diarios, estimándosele y declarándosele
preceptor desde 21-5-2010. Posteriormente, el interesado solicita una serie de
ayudas que no se le conceden, interponiendo una denuncia contra la
administración. La misma es rechazada y se le quita toda obligación de realizar
los pagos que el interesado exigía.
Se interpone un recurso de casación para la unificación de
doctrina alegando la contradicción existente entre la sentencia recurrida y la
dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana de fecha 2-3-2010, donde se denuncia la
infracción del artículo 219.2, en relación con el artículo 215.1.3 de la Ley
General de la Seguridad Social.
Finalmente el Ministerio Fiscal
consideró el recurso procedente, estimándolo contra la sentencia
dictada del Juzgado de lo Social nº 36 de los de Madrid, de fecha 11 de febrero
de 2013. Se anula la sentencia recurrida y, resolviendo que la
suspensión del cobro del subsidio debe limitarse a los meses de mayo de 2010 y
enero de 2011, estimando de este modo la demanda inicial.
Comentario
Según la Ley 45/2002, el art. 219.2LGSS y tras las
modificaciones realizadas a la situación económica determinante del derecho, se
le concede el subsidio para mayores de 52 años y en consecuencia los pagos que exigía
dentro del periodo establecido en la resolución del recurso.
jueves, 23 de abril de 2015
Respuestas - Muerte y supervivencia
1) ¿Cuál es el objeto de las prestaciones por muerte y supervivencia?
2) Las prestaciones por muerte y supervivencia están incluidas dentro de…
A- La acción protectora del Régimen General y
de los Regímenes Especiales que integran el Sistema de la Seguridad
Social, con las particularidades que, en cada caso, se indican en el
respectivo Régimen Especial.
3) ¿Cuál de las siguientes no es unas prestaciones por muerte y supervivencia?
B y D
martes, 21 de abril de 2015
Tema 10 - Protección familiar - Artículo doctrinal
Título: Prestaciones familiares. Asignación
económica por hijo o menor acogido a cargo. Beneficiarios. Requisitos
(actualización Ley 17/2012, de 27 de diciembre).
Fecha: 01/03/2013
Coordinadores: Jose Francisco Blasco Lahoz
Son
beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo las personas
que reúnan los siguientes requisitos:
1) Residencia legal en territorio español.
Curiosamente, aun tratándose de una prestación de carácter no contributivo, se va a considerar cumplido este requisito en el supuesto de trabajadores trasladados por su empresa fuera del territorio español, que se encuentren en situación asimilada a la de alta y coticen en el correspondiente régimen de Seguridad Social español (art. 10.1 A) del RD 1335/2005).
jueves, 16 de abril de 2015
jueves, 9 de abril de 2015
Artículo doctrinal - Tema 8
EL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y SU ENTRADA
EN VIGOR. EL FACTOR DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL “AJUSTADO A LA EDAD DE ACCESO
A LA JUBILACIÓN” (FEI)
La
introducción del factor de sostenibilidad en el sistema de pensiones de SS y la elección
del año base de aplicación constituyen
decisiones de gran trascendencia debido
a sus efectos reductores en el cálculo de las pensiones iniciales y en la
revalorización de las mismas, en resumen debido a su gran riesgo económico y
demográfico.
Por
lo tanto, en este artículo se
sugiere la aplicación
de un nuevo FEI “ajustado a la edad de acceso a la
jubilación” que, cumpliendo el objetivo de poner límite a la mayor longevidad, se
adapta a distintos periodos y
situaciones y, además,
es menos sensible al año de
referencia que se
elija para vincular
la prestación a la evolución de
la esperanza de
vida.
El objetivo
anunciado de la reforma de
2011 es enfrentarse a las consecuencias
del envejecimiento de la
población que conlleva el reto de
que, en el futuro, “será necesario asumir el pago de más pensiones durante más
tiempo”. Para ello, contempla una serie de medidas que pretenden reforzar la contributivida del sistema de
pensiones modificando los distintos
parámetros que sirven
para el cálculo
de la pensión inicial de
jubilación: edad, base reguladora y
porcentaje. De esta forma, el Comité de Expertos en el 2013 creo el Factor de Equidad Intergeneracional (FEI),
que reduciría las pensiones iniciales para
neutralizar el incremento en la esperanza de vida y el Factor de Revalorización
Automática
Los
objetivos básicos de este estudio y artículo serán:
a) Conocer las características de este factor, sus objetivos
y sus mecánicas.
b) Analizar la trascendencia de la elección del año base.
c) Valorar los efectos de aplicación del FEI durante el
periodo del 2011.
d) Aportar una variante del FEI ajustado por la edad de
acceso a la jubilación y proponer medidas alternativas.
Reformas
en el 2013 de la Ley General de la Seguridad (Ley 27/2011):
a) Se incrementa progresivamente la edad de jubilación,
reduciendo el tiempo de percepción y aumentando el tiempo de cotización hasta
los 67 años en 2027.
b) Incrementa el tiempo de cotización exigido para alcanzar
el 100% de la prestación por jubilación de 35 a 37 años.
c) Incrementa el número de bases de cotización computables para
el cálculo de la base reguladora (de 15 a 25 años) y se incorporan nuevas
reglas de cotización.
d) Impone restricciones a la jubilación anticipada y
establece ventajas para fomentar el envejecimiento activo.
Respecto
al diseño del factor de sostenibilidad propuesto por el Comité, las
peculiaridades más significativas serían las siguientes:
a) El factor de revalorización anual (FRA), influiría sobre la actualización de las personas, ajustando el
actual mecanismo basado en el IPC. El FRA, representaría una fórmula más
compleja que incorporaría más variables
determinantes en la sostenibilidad.
b) El factor de equidad intergeneracional (FEI) actuaría sobre el importe inicial
de las pensiones que se reconozcan tras su entrada en vigor, para compensar el
aumento de la esperanza de vida.
El objetivo principal de esta variable es “tratar de
manera igual a personas que como consecuencia del aumento de la esperanza de
vida van a percibir prestaciones del sistema de pensiones durante un número de
años muy distinto. Por lo tanto, este coeficiente tiene sobre todo un objetivo redistributivo entre
generaciones con distintas esperanzas de vida. Este objetivo
redistributivo es básico para garantizar un equilibrio entre
el esfuerzo de unas generaciones
y otras (...)”
La entrada
en vigor del FEI:
Para
justificar la anticipación de la entrada en vigor de este factor, el Comité
defiende que “la adopción temprana de un
factor de sostenibilidad, refuerza, clarifica y asegura el equilibrio del
sistema contribuyendo a despejar incertidumbres de los pensionistas actuales o
de aquellos que están próximos a serlo. Y contribuye a mejorar la
confianza en sostenibilidad de nuestras
finanzas públicas”.
Efectos de aplicación
del FEI durante el periodo transitorio de aplicación de la reforma de la Ley
(2011):
Supone
una reforma automática del sistema de pensiones que se aplicara para el cálculo
de las pensiones iniciales y para la revisión de todas las demás. El factor se
aplica estableciendo unos topes en el tiempo de percepción de la pensión,
determinando por la esperanza de vida a la edad de jubilación en el año base.
Para
una adecuada toma de decisiones se precisa conocer las consecuencias de aplicación
del FEI de forma simultánea con la reforma progresiva de la Ley.
1. Primer ajuste: Incremento de la edad de jubilación.
2. Segundo ajuste: Reducción del valor del año cotizado.
3. Tercer ajuste: Incremento del número de bases de cotización
para el cálculo de la base reguladora y modificación de la regla de integración
de lagunas de cotización.
Consecuencias:
a) Debido al acortamiento en el tiempo de cobro de la pensión
debido al incremento en la edad de acceso a la pensión: 7,60%.
b) Debido a la reducción del porcentaje aplicable en función
de los años cotizados: 6,44%.
c) Efectos de ampliación a 25 años del número de bases de cotización
computables y de la nueva integración de lagunas para el cálculo de la base
reguladora. Encinas cifran en una reducción de la pensión del 6,60%.
Comentario:
Como
se establece en el texto, hay factores determinantes en las pensiones de jubilación
que pueden suponer un gran riesgo para la sociedad y estos riesgos no son solo económicos.
De esta forma y tras el cambio de la Ley de la SS en 2013, el Comité de
Expertos, decidió analizar las consecuencias del FEI y proponer nuevas
alternativas y vías para el cálculo y establecimiento de las pensiones de
jubilación, que en cualquier caso creemos que facilitan y hacen más sencilla la
tarea de establecer sus parámetros, debido a las evidencias tanto teóricas como
prácticas que ofrecen en este informe.
Link
Link
martes, 7 de abril de 2015
jueves, 2 de abril de 2015
martes, 31 de marzo de 2015
Respuestas test tema 6 - Riesgo durante la lactancia
1) ¿Cuando puede ser denegada la prestación por riesgo durante la lactancia?
c. a y d son correctas
2) ¿A quien corresponde la gestión y pago de la prestación?
a. La gestión y el pago de la prestación económica corresponde a la Entidad gestora o a la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales en el momento de la suspensión del contrato, con independencia de que durante la mencionada situación se produzca un cambio de la entidad.
3) El derecho al subsidio no se extingue por...
d. Suspensión del contrato de trabajo por maternidad.
4) ¿ En situación de pluriactividad se tiene derecho a percibir la prestación?
a. Sí, además cuando la situación de riesgo afecte a todas las actividades desempeñadas, tendrá derecho al subsidio en cada uno de los regímenes si reúne los requisitos exigidos de manera independiente en cada uno de ellos.
c. a y d son correctas
2) ¿A quien corresponde la gestión y pago de la prestación?
a. La gestión y el pago de la prestación económica corresponde a la Entidad gestora o a la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales en el momento de la suspensión del contrato, con independencia de que durante la mencionada situación se produzca un cambio de la entidad.
3) El derecho al subsidio no se extingue por...
d. Suspensión del contrato de trabajo por maternidad.
4) ¿ En situación de pluriactividad se tiene derecho a percibir la prestación?
a. Sí, además cuando la situación de riesgo afecte a todas las actividades desempeñadas, tendrá derecho al subsidio en cada uno de los regímenes si reúne los requisitos exigidos de manera independiente en cada uno de ellos.
lunes, 30 de marzo de 2015
Tema 9 - Muerte y Superviviencia - Sentencia
Sentencia
TS de 5 de mayo de 2014. RJ 2014/2847
Comentario
Dª Milagros presentó solicitud de pensión
de viudedad por el fallecimiento de su marido Aalla Benaissa quien falleció el
26-04-2010. Consta que de dicho matrimonio nacieron cuatro hijos, y que
además el causante tenía otro hijo de un matrimonio anterior. El Intituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) dictó
resolución denegando la prestación de viudedad por no encontrarse el causante a
fecha del fallecimiento en alta o situación asimilada al alta, y no haber
completado un periodo mínimo de cotización.
Contra dicha resolución se interpuso una reclamación
administrativa previa que fue desestimada por el INSS.
El fallecido era titular de la Renta Mínima
de Inserción.
Milagros demanda al INSS y la TGSS, la cual se estima. La resolución es recurrida en suplicación por el INSS ante la sala de
lo social del TSJ de Cataluña la cual desestima el recurso de suplicación interpuesto
por el INSS.
El INSS formalizó un recurso de casación unificadora
de la doctrina.
Fallo
Se desestima el recurso de casación de
para la unificación de la doctrina interpuesto por el INSS.
Comentario
Se demuestra que el fallecido reunía los
requisitos necesarios para estar en situación de alta o asimilada de alta para
causar una pensión de viudedad, quien en el momento del fallecimiento era
preceptor de la Renta Mínima de Inserción convirtiendo a Milagros en
beneficiaria de dicha pensión teniendo en consideración el artículo 29-2 del Decreto
3158/1966, de 23 de diciembre (RCL 1966, 2394)
Tema 7 - Incapacidad Permanente - Sentencia
Sentencia TS de 14 julio 2014. RJ 2014\4057 PENSIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Resumen
D. Aquilino fue declarado mediante
Resolución del ISM de 9 de febrero de 1976 afectado de una Incapacidad Permanente Total derivada de accidente de trabajo para la profesión habitual de marinero
que prestaba para la empresa Navexport, SA, dentro del Régimen Especial del Mar. Como secuela definitiva le queda un cuadro de lumbalgia crónica intervenida, y
una discoartrosis lumbosacra con pinzamiento
Posteriormente fue declarado afectado de
una Incapacidad Permanente Absoluta derivada de enfermedad común, en el Régimen
General en el que causó alta como carpintero, mediante Resolución del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de 6 de marzo de 2012 , con derecho a percibir
la correspondiente prestación con efectos a 16 de diciembre de 2011, que se
declaró compatible con la anterior prestación al tratarse de pensiones
pertenecientes a diferentes regímenes, sin haber sido necesaria la totalización
de cotizaciones entre ellos.
El actor solicitó la revisión por
agravación del grado de invalidez total reconocido en el Régimen Especial del
Mar y se declaró que no procedía la revisión por la agravación pretendida.
D. Aquilino demanda al INSS, la Tesorería General de la Seguridad Social y la
empresa Navexport, S.A., sobre revisión por agravación del grado de incapacidad
y se declata al actor afectado de una incapacidad permanente absoluta. Esta
demanda se estima y se reconoce el derecho a percibir una pensión vitalicia del
100% de su base reguladora de 126,21 euros mensuales.
Fallo
Se Estimamos el
recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Don
Aquilino , contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en fecha 13-septiembre-2013
Se Casa y anula
la sentencia recurrida y se desestima el recurso de suplicación interpuesto por
el INSS y el ISM, confirmando la sentencia de instancia y estimando la demanda.
Comentario
Se da una compatibilidad en distintos regímenes de la Seguridad social ya que se devengan cotizaciones en trabajos sucesivos pero no simultáneos. Se da el alta en dos regímenes diferentes, pero es suficiente en cada uno para lucrar la pensión y se tenga en cuenta la agravación de la incapacidad permanente propuesta por D. Aquilino.
Link sentencia
Link sentencia
domingo, 29 de marzo de 2015
Sentencia Tema 10 - Protección familiar
Sentencia Tema 10 – Prestación
en favor de familiares. Límite de ingresos.
Tribunal Supremo - Fecha:
09/01/2014 - Número Recurso: 1946/2013
Antecedentes de hecho:
El juzgado de lo Social nº2 de
Bilbao dicto sentencia el 26 de febrero de 2013 en el procedimiento de Don
Agapito contra el INSS y la TGSS, sobre la prestación a favor de familiares.
Esta resolución del juzgado de lo
Social de Bilbao fue recurrida en suplicación por parte de Don Agapito y la
Sala de lo Social del TSJ de la Comunidad Autónoma del País Vasco el 7 de mayo
de 2013 estimó el recurso interpuesto y revocó la sentencia impugnada.
Posteriormente el 28 de junio de
2013 el INSS formalizo recurso de casación para la unificación de doctrina
contra dicha sentencia de la Sala de lo Social y la Sala del Tribunal Supremo
por providencia de 23 de octubre de 2013 abrió en trámite de inadmisión por
falta de contradicción. Finalmente se estimó procedente la inadmisión del
recurso.
Fundamentos de derecho:
Artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social: exige
que para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina
que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución
judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal
Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo.
En este caso no se aprecia contradicción
y la sentencia recurrida del TSJ del País Vasco de 7 de mayo de 2013 revoca la
de instancia estimando la demanda rectora del proceso.
Por lo tanto a Don Agapito nacido
en 1962 y perceptor de una RGI, solicito prestación a favor de familiares por
la muerte de su hermano, ya que percibía una pensión a causa de su IP absoluta
y vivía con Don Agapito, quien se dedicaba a su cuidado.
EL PROBLEMA:
Consiste en decidir si debe reconocérsele
la prestación ya que uno de los requisitos de acceso es la carencia de medios
propios de vida.
La Sala de suplicación aplica
doctrina de esta Sala pero de forma flexible para concluir que aunque es cierto
que el actor durante el año 2011 obtuvo ingresos superiores en 204,88 € al SMI
fijado para ese año, el rebase del límite legal es muy escaso, además sus
ingresos en 2010 fueron muy inferiores al límite previsto, y están siéndolo
también para 2012, con lo que hay que entender que carece de rentas en los
términos legales.
De conformidad con lo establecido
en los artículos 219 y 225 LRJS procede declarar la inadmisión del recurso de casación
para la unificación de doctrina interpuesto por el INSS contra la sentencia del
TSJ del País Vasco.
COMENTARIO:
Se deniega el recurso de casación para la unificación de doctrina que interpone el INSS porque según el articulo 219 de la LRJS se exige que éste sea contradictorio frente a otra resolución judicial, cosa que no se cumple en este caso.
Ademas aunque Don Agapito supero el SMI durante 2011, lo rebasa por muy poco y sus ingresos son escasos por lo que aunque se exija que para percibir la prestación es necesario no tener medios esta persona se entiende que no dispone de rentas en los términos legales.
sábado, 28 de marzo de 2015
Tema 11 - Desempleo - Articulo Doctrinal
Artículo Doctrinal – DESEMPLEO JUVENIL
Y PRECARIEDAD LABORAL
Fernando Rocha Sánchez – 13/02/2014
Uno de los problemas más importantes tanto a nivel nacional
como internacional es el desempleo juvenil. En la situación actual el problema
se agrava tras la crisis y este colectivo es el más afectado.
El desempleo juvenil es claramente más sensible en esta
crisis económica, en diversos informes internacionales elaborados por la OCDE
se ve reflejado, y se resume en que la ultima persona contratada es la primera
despedida.
Existen diversas causas y factores sociales e
institucionales distintos en cada país.
Se puede destacar una elevada concentración sectorial de
empleo juvenil en sectores productivos marcados por un carácter prociclico, y
esto hace que sean mas sensibles ante la crisis economica. Además hay que
añadir que las ocupaciones que requieren una baja cualificación son las que mas
sufren la perdida de empleo.
Tal y como expresa el autor, es preciso destacar esta frase:
“El factor más
determinante de la mayor vulnerabilidad de los jóvenes es sin embargo la
notable precariedad laboral”.
Que últimamente con las políticas que se están llevando a
cabo están intentando naturalizar este hecho y que los jóvenes lo veamos como
algo normal o necesario para una recuperación economica.
La precariedad laboral es fruto de una alta temporalidad del
empleo, en época de expansión economica se han incorporado personas jóvenes al
mercado pero con la entrada de la crisis economica han sido los primeros que
han tenido que abandonar sus empleos.
Pero además de la temporalidad afectan otro tipo de
dimensiones:
- - La creciente importancia de las modalidades de
trabajo sin relación laboral, como es el caso de las becas.
- - La extensión de la figura de los "falsos
autónomos"
- - La presencia de un volumen significativo aunque
indeterminado de jóvenes en la economía sumergida.
- - Las peores condiciones de trabajo, en relación a
aspectos como los bajos salarios, el desajuste entre la formación adquirida y
el puesto de trabajo desempeñado, la prolongación de la jornada laboral y la
flexibilidad horaria, y la elevada incidencia de la siniestralidad laboral.
- - El menor acceso a la protección social.
- - Una tutela colectiva debilitada por las reformas
laborales "flexibilizadoras" de los derechos protegidos por las
normas internacionales de trabajo, incluidas la libertad sindical, la
negociación colectiva y la protección contra el acoso y la discriminación.
Factores sociodemográficos:
-
La formación, debido al mayor impacto de las
crisis sobre el empleo de las personas con niveles formativos más bajos -que
suelen ocupar en mayor proporción puestos de trabajo con menor nivel de
productividad y más inestables- entre las que hay una elevada proporción de
jóvenes.
-
La nacionalidad, constatándose en la mayoría de
los países una mayor vulnerabilidad de las personas jóvenes inmigrantes.
La OIT ha señalado que adoptar un enfoque
integrado y coherente que combine intervenciones macro y microeconómicas en
diferentes ámbitos de actuación, tanto educativo como laboral como social, y
este orientado a la oferta y demanda de la mano de obra, al volumen y calidad
del empleo.
En diferentes países por ejemplo, en el sur
de Europa la prolongación del período educativo ha motivado que se extienda el
intervalo de edad hasta los 29 años, y ello no sólo a nivel estadístico sino
incluso en términos de políticas de empleo.
La delimitación de las medidas orientadas a
promover el empleo juvenil debe realizarse lógicamente en base al contexto
institucional, económico, social y cultural de cada país. Los resultados de
diferentes estudios -y las recomendaciones de organismos internacionales como
la OIT- permiten apuntar no obstante la necesidad de considerar un doble
criterio general:
-
el diseño y aplicación de las medidas debería
basarse en una identificación más precisa de los distintos grupos de jóvenes,
que permita priorizar y especializar las actuaciones ajustando los recursos
disponibles a las necesidades y vulnerabilidades.
-
Para aprovechar todo su potencial el desarrollo
de las políticas activas de empleo debería planificarse en un doble nivel
temporal: a corto plazo, mediante actuaciones que presten especial atención a
los grupos más vulnerables; y a medio plazo, promoviendo una reorientación de
estas políticas que favorezca una mejora de su funcionamiento que contribuya a
garantizar una transición justa ante el impacto causado por los múltiples retos
que se plantean para las próximas décadas.
Además de políticas publicas es imprescindible la negociación
colectiva:
Las medidas deben concretarse y adaptarse a través de los
acuerdos que alcancen los interlocutores sociales, organizaciones sindicales y
empresariales en los diferentes ámbitos de negociación (intersectoriales,
sectoriales, territoriales y de empresa).
Y hay que destacar objetivos de suma importancia como:
-
El fomento de la estabilidad del empleo y la
eliminación de la temporalidad injustificada.
-
La promoción de la implantación de planes
dirigidos al mantenimiento del empleo y el rejuvenecimiento de las plantillas
mediante un uso adecuado de la jubilación parcial combinada con contratos de
relevo.
-
El impulso del uso de contratos para la
formación o en prácticas como alternativa al recurso creciente de las becas y prácticas
como vía de incorporación de las personas recién tituladas a las empresas.
-
Debería reforzarse el control de la utilización
fraudulenta tanto de los contratos formativos como de las figuras de trabajo
sin relación laboral.
-
Garantizar el acceso a formación profesional
dirigida a personas empleadas de los trabajadores jóvenes con contrato
temporal, así como que la oferta formativa responda a la promoción profesional
real.
-
La mejora de las condiciones de trabajo,
especialmente en relación a materias como retribución, clasificación y
promoción profesional, jornada y salud laboral.
-
Velar por el cumplimiento de los principios de
igualdad de trato y no discriminación.
COMENTARIO:
La legislación laboral es diferente en los países
de la eurozona, lo que si es verdad que ha experimentado un proceso intenso de
modificaciones desde que se ha producido la crisis economica.
Las normas que han sido aprobadas por los
gobiernos son muy diversas y su objetivo a estado ligado a promover mayor
flexibilidad de las instituciones laborales, y esto conlleva a una mayor desregulación
del mercado de trabajo, cosa que no nos ayuda a los jóvenes como colectivo mas
debilitado.
La conclusión es que con estas políticas no
favorecerán un aumento neto del empleo de este grupo de población, pero sí
contribuirán a fomentar una mayor precariedad laboral y por tanto a una mayor
vulnerabilidad social. Con lo que si no ponen medios necesarios para favorecer
nuestra independencia y autonomía y unas condiciones dignas de vida y trabajo,
solo quedaran los empleos precarios y la desprotección de los jóvenes.
Artículo Doctrinal Tema 9 - Muerte y Supervivencia
Muerte y Supervivencia, prestaciones, pensión vitalicia de viudedad, beneficiarios, vinculo matrimonial.
Jose Francisco Blasco Lahoz el 11/12/2014
El derecho a la pensión de viudedad exige haber contraído
matrimonio previo en cualquiera de las formas previstas en el Código Civil.
Es posible que una persona que ha estado unida al sujeto
causante como consecuencia del matrimonio celebrado según el rito una iglesia
evangélica de otro país tenga derecho a la correspondiente pensión de viudedad
porque el matrimonio produce efectos civiles desde su celebración (art. 61 del
Código Civil), y ello aunque no esté inscrito en el Registro Civil (únicamente
no los tendría si dicho matrimonio perjudicara los derechos adquiridos de buena
fe por terceras personas); de manera que como el matrimonio existió se cumple
en el solicitante de la pensión de viudedad la condición de cónyuge supérstite
exigida en el art. 174.1 de la LGSS.
Hay que tener en cuenta que la nueva redacción del art. 44
del Código Civil llevada a cabo por la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que
se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio,
establece que "el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando
ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo".
El art. 174.1 de la LGSS establece las siguientes reglas
específicas sobre la existencia de vínculo matrimonial:
1) En los supuestos excepcionales en que el fallecimiento
del causante hubiera sido consecuencia de enfermedad común no sobrevenida tras
el vínculo conyugal se requerirá que el matrimonio se hubiera celebrado con un
año de antelación como mínimo a la fecha del fallecimiento o, alternativamente,
que existan hijos comunes.
2) No será necesario el cumplimiento del requisito de
duración anterior cuando en la fecha de la celebración del matrimonio se pruebe
un período de convivencia acreditada con el causante que sumado al de duración
del matrimonio hubiera superado los dos años, a contar desde que la pareja pudo
contraer matrimonio.
En el supuesto de fallecimiento por enfermedad previa al
matrimonio y antes de un año de la fecha de éste, se reconocerá derecho a
pensión de viudedad por acreditación de convivencia anterior como pareja de
hecho sin necesidad de que ésta estuviera inscrita en los registros públicos o
constase en documento público.
En la actualidad, en los supuestos de separación o divorcio:
El derecho a la pensión de viudedad corresponderá a quien
sea o haya sido cónyuge legítimo, siempre que, en este último caso, no hubiese
contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho; y en el
supuesto de que la cuantía de la pensión de viudedad a que hubiere lugar, fuera
superior a la pensión compensatoria, aquélla se disminuirá hasta alcanzar la
cuantía de esta última (art. 174.2 de la LGSS).
Además, el derecho a la pensión de viudedad de las personas
divorciadas o separadas judicialmente quedará condicionado, en todo caso, a
que, siendo acreedoras de la pensión compensatoria prevista en el art. 97 del
Código Civil, ésta quedara extinguida a la muerte del causante (art. 174.2 de
la LGSS, en la redacción de la Ley 26/2009).
Además, la disposición transitoria 18.ª de la LGSS,
introducida por la Ley 26/2009, ha establecido que el reconocimiento del
derecho a la pensión de viudedad no quedará condicionado a que la persona
divorciada o separada judicialmente sea acreedora de la pensión compensatoria
cuando entre la fecha del divorcio o de la separación judicial, que deben
haberse producido antes de la entrada en vigor de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre,
y la fecha del fallecimiento del causante de la pensión de viudedad haya
transcurrido un período de tiempo no superior a 10 años, siempre que el vínculo
matrimonial hubiera tenido una duración mínima de 10 años y concurriesen en el
beneficiario alguna de las condiciones siguientes:
1) La existencia de hijos comunes del matrimonio.
2) Edad superior a los 50 años en la fecha del fallecimiento
del causante de la pensión.
En estos casos la cuantía de la pensión de viudedad
resultante se calculará de acuerdo con la normativa vigente con anterioridad a
la fecha de entrada en vigor de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre.
COMENTARIO:
Nos parece importante destacar lo siguiente:
1. El derecho a la pensión de viudedad corresponderá al
superviviente al que se hubiera reconocido el derecho a la indemnización
destinada al cónyuge de buena fe cuyo matrimonio ha sido declarado nulo
habiendo existido convivencia conyugal (art. 98 del Código Civil), siempre que
no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho
en los términos previstos legalmente (art. 174.2 de la LGSS).
2. En el caso de concurrencia de beneficiarios hay que destacar que:
Pese a desaparecer el requisito del vínculo y
de la convivencia, ésta última sigue siendo importante para calcular la forma
de distribuir entre los posibles beneficiarios la pensión de viudedad. Así, se
establece que si habiendo mediado divorcio se produjera una concurrencia de
beneficiarios con derecho a pensión, ésta será reconocida en cuantía proporcional
al tiempo vivido por cada uno de ellos con el causante, garantizándose, en todo
caso, el 40 por 100 a favor del cónyuge superviviente o, en su caso, del que
sin ser cónyuge, conviviera con el causante en el momento del fallecimiento y
resultara beneficiario de la pensión de viudedad por cumplir los requisitos
exigidos cuando se trata de una pareja de hecho (art. 174.2 de la LGSS).
3. En cuanto al cómputo del tiempo de convivencia:
La
Administración realizó las siguientes aclaraciones (Instrucciones provisionales
para la aplicación de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia
de Seguridad Social, en relación con el reconocimiento de pensiones -
Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica del INSS - 2 de enero
de 2008):
1) El tiempo de convivencia respecto de los matrimonios y
las parejas de hecho se computa, respectivamente, desde su celebración y su
constitución.
2) No se computan los tiempos de inexistencia de matrimonio,
ni de convivencia sin existencia de matrimonio, ni de convivencia sin
constitución de pareja de hecho.
3) No se computan los tiempos de convivencia con parejas de
hecho anteriores, aun cuando se hubieran constituido como tales, si
posteriormente existiera matrimonio con otra persona o hubiese otro conviviente
con derecho a pensión de viudedad.
miércoles, 25 de marzo de 2015
Sentencia Tema 8 - Jubilación
JUBILACIÓN PARCIAL Y
CONTRATO DE RELEVO. FALTA DE CONTRADICCIÓN.
Jurisdicción: Social
Ponente: Manuel Ramón Alarcón Caracuel
Origen: Tribunal Supremo
Fecha: 22/01/2015
Tipo
resolución:
Auto
Sala: Cuarta
Sección: Primera
Número
Recurso:
422/2014
En primer lugar, el Juzgado de lo Social de Aviles dictó Sentencia el 22 de agosto de 2013, a favor de Doña Agueda.
La resolucion fue recurrida por el CLUB DE TENIS SAN CRISTOBAL Y FOGASA y el TSJ dictó sentencia estimando el recurso interpuesto por éstos el 20 de diciembre de 2013.
Posteriormente el 20 de febrero de 2014 el letrado en representacion de Doña Agueda formalizo el recurso de casacion para la unificacion de doctrina contra la sentencia del TSJ.
Por ultimo, el 24 de julio de 2014 el Tribunal Supremo abrio en tramite de inadmision, por falta de contradicción.
LA CUESTIÓN:
La sentencia recurrida del TSJ revoca la de instancia en lo relativo al despido de doña Agueda.
Esta persona fue contratada temporalmente el 4 de mayo de 2008 para sustituir a una trabajadora que accedia a la jubilacion parcial con un porcentaje de reduccion de jornada y de salario del 85%.
La duracion de su contrato era de 5 años, en 2013 se le comunica su extincion al acceder la trabajadora relevada a la jubilacion total.
Doña Agueda considera su relacion indefinida debido al alto porcentaje de jornada pactado.
LA EMPRESA alega que conforme a la Disposición Transitoria
decimoséptima del Real Decreto Legislativo 1/94 en la redacción dada por la Ley
40/2077, de 4 de diciembre, durante el primer año de vigencia de la ley, cuya
implantación es gradual, el trabajador relevado puede reducir su jornada un 85%
y el contrato de relevo firmado en este periodo puede ser temporal.
PERO LA NORMA NO DICE EXACTAMENTE ESO:
La citada norma prevé el límite de la reducción máxima de
jornada del 75%, pero que dicho límite se implante de forma gradual, en función
de los años transcurridos desde la entrada en vigor de la Ley de Medidas en
materia de Seguridad Social, del siguiente modo: Durante el primer año, el 85
por 100; Durante el segundo año, el 82 por 100; Durante el tercer año, el 80
por 100; Durante el cuarto año, el 78 por 100; A partir del quinto año, el 75
por 100.
La sentencia recurrida en casación unificadora dice que de tales preceptos
cabe deducir que el tope máximo de relevo de la jornada en el 75% se implanta
de forma gradual, y como el de autos se celebró el 4 de mayo de 2008, esto es:
- Durante el primer año de vigencia de la reforma, puede mantenerse el 85% de
reducción de jornada y el contrato de relevo ser temporal, pues tal limite ha
de interpretarse de acuerdo con la normativa anterior ya que los porcentajes
que fija la Disposición Transitoria van sustituyendo año tras año al
modificado, esto es al 85% inicial y hasta este límite, 85% incluido, el
contrato podía concertarse por tiempo indefinido o por el que mediase hasta la
jubilación del sustituido.
No obstante, al no apreciar irregularidad alguna
en la contratación realizada por la empresa y habiéndose producido la llegada
del término a que se sometió el contrato de relevo, el cese se considera
procedente.
Contra esta sentencia recurre en casación unificadora Doña
Agueda, insistiendo en el carácter indefinido de su relación laboral por fijar
una jornada que contraviene la legalidad.
PERO no puede apreciarse contradicción entre las resoluciones apreciadas, porque
no se pronuncian sobre las mismas cuestiones litigiosas, y en concreto, porque
la sentencia de referencia carece de doctrina sobre lo que ahora se suscita que no es otra cosa que la aplicación gradual del límite de jornada previsto
para la jubilación parcial en la Disposición Transitoria Decimoséptima LGSS
introducida por la Ley 40/2.007.
La sentencia de
contraste considera que la contratación ha sido fraudulenta, especialmente
porque la jornada de trabajo del relevado se concentró en el primer mes desde
la jubilación parcial, sin que luego prestase ningún servicio, y sin que,
además, la jornada realmente realizada se correspondiera con la que resultaría
de la pretendida acumulación (esto es: la jornada que le hubiese correspondido
realizar en los cinco años de vigencia del contrato), considerando la resolución
de referencia que tal actuación supuso que lo que era una jubilación parcial a
los 60 años como entonces estaba autorizado legalmente, se convirtió, en
realidad, en una jubilación anticipada a esa edad, si bien con mantenimiento
del vínculo contractual con la empresa hasta los 65 años.
Nada de esto acontece
en el caso de autos, en el que, como ya se le indicó a la parte en la
providencia correspondiente, no se aprecia fraude alguno en la formalización
del vínculo, siendo lo único que se discute si la jornada impuesta se
corresponde con la legalmente prevista en atención a la aplicación gradual de
las reglas de jornada que preveía la Ley 40/2007.
Por lo que, el Tribunal Supremo considera que no existe similitud entre la sentencia de contraste que aporta la solicitante y su caso en particular para la aplicacion de casacion para unificacion de doctrina.
COMENTARIO:
1. El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la
viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista
contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de
ser una
sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la
Sala IV del Tribunal Supremo.
2. Dicha
contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan
pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una
diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y,
aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el
precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma
situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse
de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales"
3. Por otra
parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al
margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de
pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales.
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